Tras siete meses de inactividad, se reactivó la Mesa Intersectorial de la Trata de Personas Ñuble, instancia de coordinación intersectorial que reúne a diversas instituciones públicas y organismos vinculados a la prevención, detección y persecución de este delito, así como a la protección y asistencia de las víctimas.
El delito de trata de persona incorporado por la Ley 20.507 en el artículo 411 quáter del Código Penal, constituye una grave violación a los derechos humanos y es considerado la esclavitud moderna, toda vez que vulnera la dignidad y libertad de una persona, afectando además seriamente su integridad física y psíquica.
Durante la reunión se revisaron los principales avances alcanzados y desafíos pendientes en la región de Ñuble, definiendo líneas de acción orientadas a la capacitación, la prevención, el apoyo a víctimas y futuros procesos de fiscalización.
En ese sentido, se constató que una de las principales debilidades para enfrentar este delito en la región radica en la falta de información precisa que lo distingue de otras faltas o ilícitos, tales como, infracciones laborales o tráfico ilícito de migrantes. Estas distinciones son de suma relevancia, pues permiten dirigir adecuada y efectivamente los esfuerzos en pro de su persecución.
Al respecto la Seremi de Justicia y Derechos Humanos Ñuble, Natalia Reyes Lobos, señaló que “como secretaría regional ministerial reafirmamos nuestro compromiso con la protección de los derechos y el bienestar de las personas. La reactivación de esta Mesa constituye un importante avance para la región, lo que nos permitirá fortalecer la coordinación interinstitucional, impulsar acciones de fiscalización, prevención y detección temprana, y avanzar de manera decidida en la lucha contra la trata de personas y el crimen organizado, garantizando una respuesta más oportuna y efectiva para las víctimas”.
En esta primera sesión participaron representantes del Servicio Nacional de Migraciones, Seremi de Seguridad Pública, Seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Ministerio Público, Seremi del Trabajo y Previsión Social, Seremi de Salud, Seremi de Educación, Policía de Investigaciones (PDI), Carabineros de Chile, Dirección del Trabajo, entre otras entidades.
De este modo, diversas instituciones públicas con presencia regional representan los esfuerzos que mandatan a los agentes del Estado y de la sociedad civil, a desplegar acciones en el marco de los planes nacionales contra la trata de personas y el crimen organizado.
