La legisladora Marta Bravo, quien presentó la iniciativa, llamó al Senado a tramitar dicha iniciativa “con la urgencia que merece” para que los municipios puedan declarar la caducidad sin que los vecinos deban realizar trámites.
Por 127 votos a favor y ninguno en contra, la Cámara Baja aprobó un importante proyecto de ley que la diputada por la Región de Ñuble, Marta Bravo (UDI), presentó junto a su bancada en noviembre de 2022 con la finalidad de decretar -por oficio- la prescripción de las deudas por derecho de aseo domiciliario una vez que hayan transcurrido tres años desde que se originaron.
Al respecto, si bien la parlamentaria valoró que actualmente las municipalidades tengan la facultad de rebajar parte de la tarifa por el servicio de aseo e, incluso, eximir del pago a los vecinos que estén en una situación económica de vulnerabilidad, advirtió que lo anterior no sólo ha provocado una suerte de discriminación entre los propios residentes de la comuna, sino que también con quienes habitan en municipios distintos, puesto que los criterios para otorgar beneficios pueden ser variados.
Por lo mismo, la representante del Distrito 19 decidió presentar una iniciativa que modifica la Ley de Rentas Municipales para establecer la caducidad de las deudas por derechos de aseo domiciliario cuando se hayan cumplido tres años desde que se hizo exigible, facultando así a las municipalidades a otorgar el beneficio por oficio, sin la necesidad de que los deudores deban realizar algún trámite.
“Hoy hemos dado un paso sumamente importante en una materia tan sensible y que durante varios años se ha convertido en un drama y en un verdadero dolor de cabeza para muchas personas, especialmente adultos mayores y familias de escasos recursos. Hoy no sólo se está generando una discriminación arbitraria por el solo hecho del lugar donde viven, porque pueden existir vecinos que sí estén exentos de pagar estos derechos y otros no, pese a tener la misma situación económica, sino que además las municipalidades no están facultadas para prescribir por oficio estas deudas, pese a tener la intención de ayudar a algunas personas. Por eso decidimos impulsar este proyecto de ley, porque además de regular una materia muy compleja, también beneficiará a un número mayor de familias que constantemente están sufriendo de dificultades económicas”, señaló la diputada Bravo.
En esa línea, la parlamentaria por la Región de Ñuble aseguró que si bien la propuesta original apuntaba a beneficiar sólo al 40% de la población más vulnerable, de acuerdo al Registro Social de Hogares, y a las mujeres y hombres mayores de 60 y 65 años, respectivamente, finalmente se optó por extender la medida al resto de la población, siempre que hayan transcurrido tres años del cobro.
De esta forma, Bravo aseguró que el número de beneficiarios en el país “será mucho mayor”, aunque ayudará directamente a los adultos mayores, las familias vulnerables y a las de más escasos recursos.
“Ahora esperamos que el Senado pueda tramitar este proyecto con la urgencia que merece, porque son muchas familias, especialmente de adultos mayores, que no tienen las condiciones económicas para asumir este gasto y hoy requieren de una ayuda. Estamos hablando de un acto de justicia social y por eso es fundamental que avancemos con esta ley lo antes posible”, insistió la diputada Bravo.
