· Abogados Leslie Rocco Rivera y Rodrigo Vargas Montané señalan errores graves en el procedimiento de la Superintendencia de Educación y advierten sobre el impacto irreversible en niños neurodivergentes.
· La Superintendencia usó como “pruebas” pantallazos sin fecha ni autor de una cuenta de Instagram de un jardín infantil que ya no existe, ubicado en otra dirección y que pertenecía a la misma propietaria de la guardería.
La comunidad educativa de Chillán continúa movilizada tras la clausura de Siembra Montessori, espacio de acompañamiento para niños con y sin necesidades especiales. La medida, ordenada por la Superintendencia de Educación, ha generado alarma entre las 32 familias afectadas, quienes acusan que el cierre vulnera derechos fundamentales de sus hijos y se basa en un procedimiento irregular.
Rodrigo Vargas Montané, abogado y representante de las familias, expresó enfáticamente:
“La Superintendencia falta a la verdad en su comunicado. Como padres, estamos preocupados de que la entidad fiscalizadora, teniendo los antecedentes que incorporamos, señale que no se presentó nada. Contamos con presentaciones con cargo de la misma Superintendencia, donde demostramos que la comunidad no es un jardín infantil, sino una guardería”.
Además, denunció que nunca fueron notificados del inicio de la fiscalización en marzo de 2025, lo que pone en duda la transparencia del proceso.
La comunidad sostiene que Siembra Montessori no es un establecimiento formal, sino un espacio alternativo que complementa la educación tradicional, especialmente para niños neurodivergentes. Su cierre ha generado un cambio radical en sus rutinas, afectando su bienestar emocional y cognitivo.
“La situación es irreversible para muchos de ellos”, advirtió Vargas Montané.
A pesar de haber solicitado formalmente la revisión del procedimiento, las familias aún esperan una respuesta escrita por parte de la Seremi de Educación de Ñuble. Según el abogado, verbalmente se les informó que la solicitud de alzamiento fue rechazada, lo que impide iniciar acciones judiciales.
“La Superintendencia no ha velado por el bien superior del niño; ha provocado un daño y transgredido la libertad de crianza que por ley tenemos todas las familias”, agregó.
Las familias, junto a autoridades locales y regionales —incluidos los parlamentarios Cristóbal Martínez, Marta Bravo y Frank Sauerbaum— insisten en que se reconozca el carácter complementario de Siembra Montessori y se revierta la clausura. Consideran que la colaboración entre modelos educativos es clave para construir un sistema más inclusivo y respetuoso de las necesidades individuales de cada niño.
Pantallazos sin fecha ni autor como “pruebas” de la Superintendencia
Leslie Rocco Rivera, abogada de la entidad, enfatiza que, a la semana de comenzar a funcionar la comunidad con niños, se realizó la denuncia a la Superintendencia de Educación, cuya fiscalización nunca fue notificada:
“Primero, porque hay niños de por medio, y porque significa entrar a un recinto con menores de edad, por lo que desde allí ya se habla de un procedimiento viciado (…) Se trata de una guardería y la Superintendencia no tiene facultades para llegar y entrar”.
Una vez solicitados antecedentes formalmente, se entregó la documentación respectiva (24 de abril), vía correo electrónico y de forma presencial, tales como la patente municipal, el giro de guardería y la resolución sanitaria.
“Lo que no se envió fue una planificación y reglamento interno solicitados por la Superintendencia de Educación, que no se enviaron porque no se tienen, ya que no es un jardín infantil. Son documentos que se solicitan cuando se trata de un establecimiento educacional, lo que acá no corresponde. Esto se explica en el correo de respuesta a la solicitud, con sus debidos respaldos”, agregó la abogada.
Según Rocco, la Superintendencia presumió que se trataba de un jardín infantil al no haber tenido autorización para ingresar, basándose en imágenes de redes sociales de un establecimiento antiguo que tenía la dueña (en otra dirección y que ya no existe).
“Se eliminan las fechas con pantallazos tomados, y una imagen de marzo que hablaba de un After School que ni siquiera funcionó. Todas estas imágenes no tenían ni fecha ni autor, por ende, sin relación con el procedimiento, y tampoco fueron adjuntadas a la resolución de clausura; solamente se hace referencia a ellas, sin identificarlas”, explicó, recalcando que no cumplen con ningún requisito básico que las avale como prueba.
