En el marco de las acciones del Plan Nacional de Búsqueda, el Secretario Regional Ministerial de Justicia y Derechos Humanos, Cristopher Reyes Bórquez, junto a la Seremi de Gobierno de Ñuble, Valentina Pradenas Andrade, realizó la entrega oficial de más de 30 carpetas de calificación a familiares de víctimas de desaparición forzada y ejecución política, crímenes cometidos por agentes del Estado durante la dictadura cívico-militar entre 1973 y 1990.
Las carpetas de calificación reúnen documentación producida y/o recopilada por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, tales como antecedentes personales, testimonios, informes y resoluciones administrativas que permitieron calificar oficialmente a las personas como víctimas.
Este conjunto documental forma parte del archivo generado por las comisiones de verdad y se encuentra bajo custodia del Programa de Derechos Humanos. En 2022, fue declarado Monumento Nacional en la categoría de Monumento Histórico por el Consejo de Monumentos Nacionales, en reconocimiento a su valor histórico y simbólico para la memoria del país.
Hasta ahora, esta documentación se mantenía bajo reserva. Si bien muchas personas que participaron en los procesos de calificación conocen parte de los antecedentes, resulta fundamental propiciar su apertura, comprendiendo estos documentos como patrimonio y memoria de cada familia y también del país.
Durante la ceremonia el Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Cristopher Reyes Bórquez, señaló que “este acto trasciende lo administrativo: es un gesto de memoria, reconocimiento y compromiso con los derechos humanos. Durante la transición democrática, la Comisión de Verdad y Reconciliación y la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación investigaron estas graves violaciones, gracias a la valentía de las familias, sus testimonios y el trabajo de organizaciones de la sociedad civil. Esa verdad, acreditada con esfuerzo, es la que hoy preservamos.
“Como Gobierno del Presidente Gabriel Boric, hemos asumido que no bastan las palabras ni las conmemoraciones anuales. Por ello, impulsamos el Plan Nacional de Búsqueda, para que la búsqueda de las y los detenidos desaparecidos sea una responsabilidad permanente del Estado y no una carga exclusiva de las familias. Hoy, legalmente, el Estado se ha hecho responsable”, finalizó la autoridad.
Por su parte la Presidenta de la Agrupación de Detenidos Desaparecidos de Ñuble, comento que, “para nosotros como agrupación es realmente notable el hecho de recibir documentación de nuestros familiares e información que entregamos a los tribunales de justicia, y además lo consideramos como una medida de reparación, el acto mismo de la entrega reivindica la memoria de nuestros familiares y la permanente búsqueda de justicia”.
