Diputado Carlos Chandía requiere a la FNE investigar a las AFP por eventuales prácticas concertadas tras millonarias pérdidas previsionales
El diputado Carlos Luis Chandía Alarcón (Distrito 19) envió un oficio formal al Fiscal Nacional Económico con el objetivo de consultar sobre la existencia de investigaciones o medidas indagatorias orientadas a determinar posibles acuerdos o prácticas concertadas entre las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). La acción fiscalizadora se motiva en los antecedentes sobre operaciones de inversión en instrumentos derivados vinculados a las tasas de interés de Estados Unidos, las cuales generaron graves pérdidas en los ahorros previsionales de los afiliados, impactando fuertemente a los fondos D y E.
El parlamentario expuso que las siete administradoras del sistema (Capital, Cuprum, Habitat, ProVida, Modelo, PlanVital y Uno) habrían ejecutado estrategias marcadamente homogéneas mediante contratos swaps entre 2024 y 2025, basadas en expectativas de bajas de tasas que finalmente no se materializaron. Producto de estas operaciones, entre enero y septiembre de 2026, el Fondo E —orientado a personas próximas a jubilar por su perfil de menor riesgo— acumuló un histórico retroceso real de 10,39%.
Frente a este escenario, la solicitud busca esclarecer si las decisiones de las administradoras respondieron a evaluaciones técnicas independientes o si existieron intercambios de información estratégica y mecanismos de coordinación contrarios a la normativa de libre competencia contenida en el Decreto Ley N° 211.
Además, Chandía pidió precisar si existe coordinación institucional entre la FNE y otros organismos como la Superintendencia de Pensiones —que ya inició un procedimiento sancionatorio desde el ámbito regulatorio previsional—, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y el Banco Central, así como las acciones a seguir en caso de advertir indicios de colusión o eventuales delitos.
Por último, el legislador enfatizó que la presentación no pretende imputar ilícitos de forma anticipada, sino asegurar que las actuaciones de las entidades financieras sean examinadas con el máximo rigor técnico en resguardo de fondos que pertenecen íntegramente a los trabajadores y pensionados del país. En esa línea, sostuvo que la gestión de las pensiones exige elevados estándares de prudencia, transparencia y estricto apego a la libre competencia, instando al organismo fiscalizador a responder de manera fundada para resguardar la confianza de la ciudadanía.
