Contraloría detecta cuatro funcionarios con condenas vigentes en la Municipalidad de Chillán tras fiscalización nacional
El municipio chillanejo figura entre las cinco casas edilicias con más casos en el país, según el Consolidado de Información Circularizada (CIC) N° 29 dado a conocer este martes por el ente fiscalizador, que identificó a 315 servidores públicos en esta situación en toda la Administración del Estado.
Cuatro funcionarios de la Municipalidad de Chillán continúan desempeñando labores pese a registrar condenas vigentes por crimen o simple delito, según reveló el Consolidado de Información Circularizada (CIC) N° 29 publicado este martes 17 de noviembre por la Contraloría General de la República. Con esta cifra, el municipio chillanejo se ubica dentro de las diez entidades públicas con mayor número de servidores condenados a nivel nacional y empatado en el segundo lugar entre los gobiernos locales del país —junto a Hualpén, Tierra Amarilla y Puerto Montt, todos con cuatro casos—, siendo superado en el ámbito municipal únicamente por Valdivia, que registra seis.
A nivel nacional, el cruce de datos realizado por el organismo contralor entre el Registro Nacional de Condenas del Servicio de Registro Civil e Identificación, el Servel y el sistema Siaper —con información vigente a junio de 2026— detectó un total de 315 funcionarios y servidores públicos condenados en todo Chile, asociados a 317 registros de condena, dado que dos trabajadores presentan más de una sentencia. Del universo total, 166 pertenecen al Gobierno Central y 149 a gobiernos locales, encabezando el listado general Carabineros de Chile (84), el Ejército (22) y la Armada (8), seguidos por la Municipalidad de Valdivia (6) y la Fuerza Aérea de Chile (5), además de la Municipalidad de Tocopilla (3) en el cierre de las diez instituciones con más registros.
Respecto de la gravedad de los ilícitos, el informe detalla que 73 registros corresponden a crímenes (23 %) y 244 a simples delitos (77 %), mientras que 41 condenas —equivalentes al 13 % del total— corresponden a delitos cometidos por empleados públicos en el desempeño de sus cargos. En cuanto a la calidad contractual o estamento, los casos se concentran principalmente en las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad (109), trabajadores regidos por el Código del Trabajo (83), auxiliares (41), profesionales (31) y personal a honorarios (22), seguidos por técnicos (13), administrativos (10), directivos (5) y un caso sin información. Esta situación contraviene el artículo 54 letra c) de la Ley N° 18.575, que establece una inhabilidad sobreviniente cuando un funcionario es condenado en el ejercicio de su cargo, obligándolo a informar a su superior jerárquico y presentar su renuncia en un plazo de diez días.
Frente a estos hallazgos, la Contraloría instruyó a las entidades involucradas —incluida la Municipalidad de Chillán— iniciar las investigaciones correspondientes para determinar eventuales responsabilidades administrativas por la posible omisión de informar las condenas al jefe de servicio y por no activar los procedimientos de cese por inhabilidad sobreviniente. Asimismo, los organismos deberán acreditar si estas sentencias fueron ponderadas en los procesos de calificación funcionaria bajo los criterios de comportamiento social y probidad, además de regularizar las hojas de vida en la plataforma Siaper conforme a la Resolución Exenta N° 36 de 2024.