El legislador votó a favor de la iniciativa que aumenta de cinco a diez años las penas que podría recibir un joven de entre 14 y 16 años que cometa un homicidio o robo con secuestro.
El diputado por la Región de Ñuble, Cristóbal Martínez (UDI), valoró la aprobación de un proyecto de ley que venía discutiendo desde fines del año pasado y que busca endurecer las sanciones contra los menores de edad que actúen en delitos graves como robo con secuestro, violación y homicidio.
Al respecto, cabe recordar que dicha iniciativa se enmarca en medio de la grave crisis de seguridad por la que atraviesa el país y la cada vez mayor participación de adolescentes en hechos delictuales.
Justamente, uno de los antecedentes que esgrimió el parlamentario de la UDI para respaldar la propuesta fue un indicador de la Fiscalía Nacional, que reveló que entre 2023 y 2024 aumentaron en un 9,8% las causas sobre responsabilidad penal de menores de entre 14 y 17 años en el país, una cifra que no se registraba desde hace casi una década y que rompió la baja que se mantenía de 2019.
Por lo mismo, Martínez valoró que el proyecto proponga que el máximo de pena que podría recibir un joven de entre 14 y 16 sea de diez y no cinco años, como ocurre en la actualidad, considerando que dicho rango ha sido calificado como “insuficiente” dado el escenario delictual que vive el país.
“A medida que pasan los días, se está volviendo cada vez más habitual ver a jóvenes y menores de edad participando en distintos delitos en nuestro país, incluyendo algunos de absoluta gravedad. Y esto ocurre, en gran parte, porque tanto ellos como las organizaciones criminales en que actúan saben que el rango de pena que hoy existe es absolutamente irrisorio dado el contexto que vivimos. Por lo tanto, si estamos hablando de los delitos más graves, como robo con secuestro, violación, homicidio simple o calificado, es del todo pertinente endurecer a diez años las sanciones contra los menores de 14 y 16 años que los cometan, porque cinco años son completamente insuficientes por el daño que terminan causando, tanto a la sociedad como a las propias víctimas”, indicó el diputado.
En ese sentido, además de igualar la pena de diez años que hoy pueden recibir los menores de entre 16 y 18 años, el representante del Distrito 19 también explicó que el proyecto intensifica el plan de intervención contra los adolescentes que quebranten el internamiento de régimen cerrado en que se encuentren. Asimismo, en caso de fuga o evasión, también se establece que no podrán pedir la sustitución o remisión de su condena por hasta un año, evitando así una vulneración del sistema.
Pero además, la propuesta legal también dispone que los tribunales de justicia estarán obligados a escuchar a las víctimas al momento de resolver una sustitución o remisión de una condena contra un menor de edad, otorgando así un derecho a quienes precisamente han sufrido con su accionar.
Por lo mismo, Martínez pidió al Congreso, especialmente a los parlamentarios de gobierno, a “poner en primer lugar a las víctimas y no a los delincuentes”, señalando que “no podemos seguir dilatando un proyecto de ley sumamente necesario y que será una herramienta muy importante para evitar que las organizaciones sigan reclutando a menores de edad para cometer sus actividades delictivas”.
