Acción fiscalizadora busca conocer el paso a paso tras la decisión, con los fundamentos administrativos, legales y técnicos a la vista.
El diputado Carlos Chandía emitió un oficio fiscalizador dirigido al Ministerio de Hacienda y la Tesorería General de la República (TGR) ante el proceso de embargo de los dineros de cuentas bancarias de deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE) reportado en los últimos días.
La acción, busca conocer el paso a paso del procedimiento tras la decisión, así como los fundamentos administrativos, legales y técnicos que se tuvieron a la vista. Según explicó el legislador, existe muy poca claridad al respecto y la información oficial no ha bajado de manera adecuada.
¨Se requiere un pronunciamiento contundente a la brevedad por parte de las autoridades competentes, más allá de las primeras declaraciones del ministro de Hacienda. No debe haber espacio a dudas respecto, primero, de la legalidad en todos los casos, cuáles son los segmentos de sueldos afectados, cómo seguirá esta acción, y muchas interrogantes que han surgido. Entendiendo que hay personas con compromisos impagos con el Estado, y que se han abierto procesos de repactación previos, lógicamente el embargo de dineros es una medida que puede parecer extrema e intrusiva, por lo que hay que despejar cualquier duda sobre el procedimiento¨, señaló Chandía.
Asimismo, el diputado por la región de Ñuble comentó que ha recibido decenas de inquietudes de personas que han visto disminuidos sus fondos producto de la retención, en algunos casos de forma total, recalcando que ¨no todos responden a una misma situación contractual; no es lo mismo una persona con altos ingresos, que no se ha responsabilizado por su pago en tiempo, a deudores que pese a tener una presunta renta suficiente, pero su capacidad está afectada por otros motivos. En cualquier caso, estamos pidiendo mayor transparencia de parte de instituciones públicas que ayude a disminuir la incertidumbre y la percepción de arbitrariedad¨.
El oficio presentado por el diputado Chandía contiene siete ¨considerandos¨ algunos de los cuales se relacionan con los mecanismos de evaluación, los instrumentos de aviso y/o notificación empleados, montos y segmentos determinados e informes jurídicos que sustentan la autorización para iniciar los embargos. El documento alude al artículo 8 de la Constitución Política de la República y a la Ley N20.285 sobre Acceso a la Información Pública.
