La Contraloría General de la República detectó que personas con condenas previas fueron contratadas como censistas, generando preocupación por la seguridad y transparencia del proceso.
La Contraloría General de la República informó que, tras una revisión de antecedentes, se constató la participación de censistas con condenas penales en el reciente proceso de levantamiento de datos. El hallazgo ha sido calificado como insólito, dado que se trata de una función que requiere confianza pública y resguardo de información sensible.
Según el organismo fiscalizador en su sitio web, la situación se produjo por deficiencias en los mecanismos de control y verificación de antecedentes, lo que permitió que personas con historial judicial fueran incorporadas a las labores de campo. Este hecho ha generado inquietud en autoridades y ciudadanía, quienes cuestionan la rigurosidad de los filtros aplicados.
La Contraloría subrayó que la presencia de censistas con antecedentes penales no solo afecta la credibilidad del proceso, sino que también expone a riesgos a las comunidades visitadas. Por ello, se recomendó reforzar los protocolos de selección y establecer medidas más estrictas de validación de antecedentes antes de futuras convocatorias.
El caso ha abierto un debate sobre la responsabilidad institucional y la necesidad de garantizar que quienes participan en tareas de relevancia nacional cumplan con estándares mínimos de probidad. La Contraloría anunció que continuará con las investigaciones y exigirá a los organismos responsables la implementación de correctivos inmediatos.
