En el marco de la firma del proyecto de Ley de Responsabilidad Parental, encabezada por el Presidente de la República, José Antonio Kast, el pasado jueves, la Seremi de Justicia y Derechos Humanos de Ñuble, Natalia Reyes Lobos, valoró la iniciativa como un avance significativo para fortalecer el rol de las familias en la protección y desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes en la región.
La propuesta legislativa busca reforzar el rol de madres, padres y cuidadores en la formación, orientación y supervisión de niños, niñas y adolescentes, estableciendo además mecanismos efectivos de responsabilidad cuando se incumple dicho deber.
Asimismo, la iniciativa responde a una creciente preocupación ciudadana frente a situaciones de violencia protagonizadas por menores de 18 años, incorporando tanto herramientas preventivas como sanciones graduales, oportunas y eficaces.
La Seremi Natalia Reyes Lobos, señaló que “para el Gobierno del Presidente José Antonio Kast, el proyecto de ley de responsabilidad parental es una prioridad fundamental, porque pone en el centro a la familia como pilar de nuestra sociedad. Esta iniciativa no busca solo sancionar, sino que prevenir, acompañar y apoyar a las familias en la formación de nuestros niños, niñas y adolescentes. Debemos recordar que la primera y más importante escuela es la familia. Por eso queremos entregar más herramientas concretas que fortalezcan el rol insustituible de madres, padres y cuidadores. Si bien la tarea es compartida con el Estado y la comunidad, la base de una buena formación nace en el hogar. Fortalecer a las familias es, en definitiva, fortalecer el futuro de Chile.”
En este sentido, el proyecto se estructura en cuatro ejes principales. En primer lugar, considera un enfoque preventivo, que entrega herramientas a los tribunales de familia para intervenir tempranamente, fortaleciendo las competencias parentales mediante medidas de apoyo y, cuando corresponda, sanciones.
En segundo lugar, contempla un procedimiento más ágil, creando un mecanismo especial en tribunales de familia que permita abordar estos casos de manera más rápida y eficaz.
Asimismo, incorpora medidas de reparación de víctimas, facilitando el acceso a indemnizaciones para quienes sufran daños por hechos cometidos por menores de edad.
Finalmente, refuerza la responsabilidad parental efectiva, transformando en obligaciones exigibles los deberes de cuidado, orientación y supervisión, siempre resguardando el interés superior de niños, niñas y adolescentes.
