Diputado Crisóstomo denuncia "indultos encubiertos" desde el Gobierno
El parlamentario apuntó al incumplimiento del compromiso del Presidente Kast y acusó al Ministerio de Justicia de otorgar beneficios administrativos sin pronunciamiento ni fallo judicial, enviando una grave señal de impunidad, vulnerando el interés superior de las víctimas y transgrediendo compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
Como una grave señal de impunidad y un verdadero "indulto encubierto" calificó el diputado Crisóstomo la reciente revelación de que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos dictó decretos exentos de reducción de condena a beneficiados por delitos de abuso sexual y violación contra niños, niñas y adolescentes, así como a presos del penal Punta Peuco condenados por crímenes de lesa humanidad. La medida, adoptada por vía exclusivamente administrativa, ha provocado profunda indignación política y social.
A la denuncia inicial sobre 56 beneficiados por delitos sexuales contra menores, se suman las revelaciones que confirman la emisión de al menos tres decretos adicionales correspondientes a delitos de extrema gravedad, tales como secuestro calificado y tortura. Dos de estos beneficiados se encuentran recluidos en el Centro de Detención Preventiva de Til Til (Punta Peuco), recinto destinado a exfuncionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden condenados por violaciones de los derechos humanos.
El parlamentario enfatizó la grave contradicción entre las actuaciones del Ejecutivo y los compromisos asumidos ante el país: «Durante su campaña, el Presidente José Antonio Kast fue categórico al señalar que durante su gobierno no habrían indultos ni beneficios a violadores de menores ni a condenados por delitos graves. Sin embargo, lo que estamos viendo hoy es un indulto encubierto por la vía administrativa, donde el Ministerio de Justicia ha rebajado la condena no solo a 56 condenados por abusar y violar a niños y niñas en nuestro país, sino también a reclusos de Punta Peuco condenados por tortura y secuestro calificado», aseveró el legislador.
«Aquí no existe ningún fallo ni pronunciamiento judicial que ordene estas rebajas. Es importante recordarle al Gobierno que en Chile es el Poder Judicial quien administra la justicia y no el poder ejecutivo. El Ministerio no puede atribuirse facultades ni extender de forma arbitraria beneficios a espaldas de los tribunales, de las víctimas y de los tratados internacionales de derechos humanos».
El diputado Crisóstomo remarcó además que esta preocupación es compartida por organismos autónomos y de derechos humanos. En esa línea, coincidió plenamente con los cuestionamientos expresados por la Defensoría de la Niñez y con las advertencias formuladas por organismos internacionales como Amnistía Internacional, los cuales señalan que otorgar rebajas de pena a condenados por crímenes de lesa humanidad e infancia vulnera las obligaciones internacionales del Estado de Chile en materia de justicia y reparación.
«Al otorgar reducciones de condena mediante decretos administrativos firmados en el Ministerio de Justicia, el Gobierno le da la espalda a la infancia, a la memoria y a la justicia, entregando una señal devastadora de impunidad ante la ciudadanía. Es inaceptable que la ley N° 21.421 y la normativa internacional sean ignoradas de esta forma por el propio Ejecutivo», agregó el parlamentario.
Finalmente, el diputado Crisóstomo anunció que desde la Cámara de Diputadas y Diputados se impulsarán todas las acciones de fiscalización necesarias, exigiendo la transparencia total sobre la fecha de comisión de los delitos en todos los casos, la revisión de la legalidad de los decretos expedidos y que se asuman las responsabilidades políticas y administrativas correspondientes ante un hecho que atenta gravemente contra la justicia y la dignidad de las víctimas.
