Municipios de Ñuble exigen frenar recorte a programas de atención primaria en presupuesto 2027

Los Departamentos de Salud Municipal de la región de Ñuble enfrentan un escenario financiero crítico de cara a la discusión del Presupuesto 2027. Ante esto, veinte de los 21 alcaldes de la región firmaron una solicitud dirigida al Gobierno y al presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Eduardo Durán, para advertir sobre las graves consecuencias de los recortes presupuestarios. Las autoridades confiaban en que no habría disminuciones en los fondos de salud, pero se enteraron de que los programas destinados a la atención de población objetiva no estarían considerados en el presupuesto y buscarían ingresarse como aporte per cápita.

 

La propuesta del Gobierno plantea una expansión real de 212 pesos en el per cápita basal y un incremento de 418 pesos asociados a recursos de reforzamiento, sumando un total de 630 pesos. Sin embargo, los alcaldes advierten que este aparente aumento está condicionado a la eliminación de cuatro convenios históricos: Cuidados Paliativos Universales, Más Adultos Mayores Autovalentes, el Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria, y Estrategias de Salud Bucal. El alcalde de El Carmen y presidente de la Asociación de Municipalidades del Valle Diguillín, Renán Cabezas, ejemplificó el daño económico señalando que, al pasar a un sistema de proporción per cápita, su comuna bajará de percibir más de 80 millones de pesos por estos convenios a solo 20 millones, perdiendo más de 50 millones de pesos en aportes.

 

Esta reducción de recursos se agrava debido a las complejas condiciones demográficas y territoriales de Ñuble. La región se caracteriza por una alta ruralidad, dificultades de conectividad y ostenta elevadas cifras nacionales con una tasa de pobreza del 12,1% y una desocupación del 11,2%. Además, Ñuble es la segunda región con mayor índice de envejecimiento del país, alcanzando un indicador de 97,6 frente al promedio nacional de 79, con 19 de sus 21 comunas superando esta media. Estas características elevan significativamente los costos de los traslados y visitas domiciliarias, generando una mayor presión sobre los presupuestos locales para la adquisición de medicamentos, insumos médicos y mantención de vehículos de emergencia.

 

La supresión de estos programas específicos impactará directa y negativamente en las prestaciones críticas destinadas a los usuarios más vulnerables de la red asistencial. El alcalde Cabezas detalló que esta medida perjudicará directamente a niños y niñas que dependen de los programas dentales, así como a personas postradas que reciben cuidados paliativos y que no se podrán financiar. Junto con el impacto sanitario en sectores aislados, esta persistente presión financiera obligaría a los municipios a ajustar y revisar la planificación de sus dotaciones de personal bajo la Ley N° 19.378, lo que podría traducirse en inestabilidad laboral y eventuales alzas en el desempleo dentro de los equipos de salud.

 

Frente a este complejo escenario, las autoridades locales hicieron un llamado urgente al Ministerio de Salud para revertir lo que califican como una mala decisión. En su petitorio, solicitan que la visión de las comunas pequeñas sea considerada, ya que el cálculo per cápita no las beneficia del mismo modo que a las grandes ciudades. Específicamente, exigen mejorar la expansión del per cápita basal acercándolo a los 1.000 pesos por persona y resguardar el financiamiento íntegro de los programas de reforzamiento en el presupuesto de 2027. De no mediar estas correcciones, los ediles aseguran que será imposible cumplir con la exigente cartera de 84 tipos de prestaciones vigentes, afectando gravemente la oportunidad y continuidad de la atención sanitaria en las comunidades.