Caso Medialuna: Querellantes y Fiscalía recurren a la Corte para endurecer medidas cautelares con el alcalde de Chillán
• El abogado Rodrigo Vargas Montané, junto al Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado, presentaron 3 apelaciones a la Corte para revertir el arraigo nacional de Camilo Benavente, argumentando que su permanencia en el cargo sin mayores restricciones entorpece las indagatorias por presunto fraude al fisco.
Chillán, domingo 25 de octubre del 2026.- El proceso judicial contra el alcalde de Chillán, Camilo Benavente, formalizado recientemente por el presunto delito de fraude al fisco en el marco del caso "Medialuna", ha entrado en una nueva etapa tras la definición de sus medidas cautelares. Durante la audiencia respectiva, el Juzgado de Garantía local decretó arraigo nacional para la autoridad comunal, desestimando la solicitud de arresto domiciliario total que había presentado la Fiscalía. Esta decisión inicial generó de inmediato la disconformidad tanto del Ministerio Público y del Consejo de Defensa del Estado (CDE), como de la parte querellante, quienes buscan que se impongan restricciones más severas por los cuatro meses que se fijaron como plazo para la investigación, argumentando un supuesto perjuicio superior a los 1.900 millones de pesos.
Ante este escenario, la parte querellante ha manifestado la necesidad de contar con garantías reales para asegurar el correcto desarrollo de la investigación. El abogado querellante, Rodrigo Vargas Montané, enfatizó que mantener al alcalde en sus funciones jerárquicas como jefe máximo de la municipalidad, sin una medida precautoria más estricta, obstaculiza y entorpece las labores del ente persecutor. En su visión, al tratarse de un municipio altamente complejo, la permanencia del imputado en su rol de liderazgo administrativo impide contar con el resguardo y la transparencia necesarios para llevar a cabo las diligencias formales de manera expedita.
A fin de revertir esta situación, las tres partes persecutoras ya han presentado sus respectivas apelaciones, recursos que actualmente se encuentran en tramitación para ser elevados a la Corte de Apelaciones de Chillán. El objetivo de estas acciones de impugnación es que el tribunal de alzada analice el caso y determine si mantiene la medida de arraigo decretada inicialmente o si la modifica por una cautelar de mayor intensidad, tal como lo solicitan los querellantes y la Fiscalía. En instancias previas, el ente persecutor ha justificado su solicitud de arresto domiciliario acusando presuntas presiones hacia testigos por parte de la autoridad, un punto que será clave en la deliberación de la Corte.
A pesar de los reparos con la cautelar actual, la parte acusadora ha señalado mantener tranquilidad frente al curso del proceso judicial, valorando que la acción legal original logró su cometido principal. Según Vargas Montané, la querella ha surtido su efecto natural al propiciar que la Fiscalía formalizara al edil por los hechos investigados, cumpliendo así con la primera meta de la causa. Ahora, la resolución queda en manos del tribunal colegiado, cuya determinación esperada se estima para este lunes 26 de octubre, la que será fundamental para delinear cómo enfrentará el alcalde el resto del proceso, en el cual ya ha descartado irregularidades y acusado una eventual intencionalidad política en su contra.
