Corte de Apelaciones revoca sobreseimiento de Alcalde: Juicio contra Víctor Toro por exacción ilegal sigue su curso
El tribunal de alzada de Chillán acogió los alegatos de la parte querellante y del Ministerio Público, determinando que los antecedentes contra la autoridad de San Nicolás justifican continuar con el proceso penal.
Martes 25 de agosto.- La Corte de Apelaciones de Chillán determinó revocar la resolución del Juzgado de Garantía que había ordenado el sobreseimiento definitivo de Víctor Toro Leiva, figura política de San Nicolás. Esta decisión se produjo luego de los alegatos presentados por el Ministerio Público y la parte querellante, liderada por la abogada Leslie Rocco, del estudio jurídico Vargas Montané Abogados, en representación de Jilberto Oporto. Con este fallo, la justicia ordena que se reanude el proceso penal en contra de Toro Leiva por el delito de exacción ilegal.
El recurso de apelación fue interpuesto debido a que el tribunal de primera instancia había cerrado prematuramente el caso. Sin embargo, la Corte de Apelaciones acogió la tesis de los acusadores, estableciendo que el estándar jurídico necesario para decretar un sobreseimiento definitivo exige que no exista absolutamente ninguna duda de que los hechos imputados no constituyen un delito. Al concluir que este estándar no se cumplía en esta causa, el tribunal de alzada resolvió revocar la medida y dar paso a la continuidad del juicio.
Los antecedentes judiciales de este caso se relacionan con múltiples investigaciones lideradas por la Fiscalía de Chillán, la cual ha formalizado a Toro Leiva en diversas oportunidades. El Ministerio Público apunta a la autoridad por haber efectuado cobros irregulares a los habitantes de la comuna.
En términos estrictamente legales, se le acusa de solicitar dinero en el ejercicio de sus funciones sin contar con las facultades legales pertinentes para exigirlo.
Los cobros ilegales habrían ascendido a $50.000 y se efectuaron sin ningún tipo de respaldo legal entre los años 2016 y 2021. Este dinero se exigía a los vecinos bajo la premisa de financiar proyectos de Agua Potable Rural (APR), y quien no pagaba, no tenía agua. No obstante, el ente persecutor ha sostenido que dichas obras ya se encontraban financiadas en un 100% mediante recursos públicos provenientes de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (SUBDERE), lo que volvía injustificable cualquier cobro adicional.
Tras la resolución favorable para los querellantes, el proceso retomará su curso hacia un eventual juicio oral donde se debatirán a fondo las responsabilidades. El caso reviste gran gravedad administrativa, al punto de que la Fiscalía ha llegado a solicitar penas que incluyen hasta 10 años de inhabilitación política para el acusado.
